Generales

(LEY 11/2021 DE 9 DE JULIO)

Se modifica el régimen de los pagos en efectivo, disminuyendo el límite general de pagos en efectivo entre empresarios de 2.500 a 1.000 euros. Aunque inicialmente la modificación pretendiese afectar al conjunto de la población, finalmente la ley 11/2021 de 9 de julio, se ha modificado de manera más específica el artículo 7 de la Ley 7/2012 quedando rectado como sigue:

“1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional”

Este límite será de aplicación pues a las operaciones entre empresarios, quedando fuera de él, a modo de ejemplo las compras de bienes muebles o vehículos entre particulares.  También disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 % de la base de la sanción, salvo en el caso de reducción de la sanción en los casos legalmente establecidos.

La aplicación de esta modificación será desde el día posterior a su publicación en el BOE, es decir, desde el día 11 de julio de 2021.

Sucesiones

Desde una perspectiva tributaria, los impuestos que derivados de una sucesiónpueden requerir una mayor planificación de la que pudiera considerarse al inicio del trámite. Es conveniente estructurar adecuadamente tanto la información que debemos poseer para su tramitación como los impuestos que pueden derivar de estas operaciones para optimizar al máximo estos procesos.

¿Qué documentación necesito preparar?

• Certificado de defunción: Puede obtenerse en el Registro Civil, es conveniente solicitar más de uno.
• Certificado de últimas voluntades + Certificado de seguros: Lo podremos solicitar después de 10 días hábiles desde la fecha del fallecimiento en la sede del Ministerio de Justicia.
• Testamento: Una vez conozcamos su existencia, acudiremos al notario donde se firmó para solicitarlo. En el caso en el que no exista testamento acudiremos al notario para que abra un procedimiento para declarar a los sucesores (Declaración Ab Intestado). Para este procedimiento necesitaremos:
• Libro de familia
• Certificado de nacimiento
• DNI

Deberán estar correctamente inventariados los bienes que formen parte de la transmisión.

• Escrituras de propiedad de inmuebles
• Certificados de posiciones bancarias.
• Ficha técnica de los vehículos. Es conveniente incluirlos en la herencia y tributar por ello para facilitar los trámites posteriores con la DGT.
• Certificados de participaciones en sociedades no cotizados, en caso de que los hubiera.
• Inventario sobre bienes de gran valor.

¿Qué impuestos me afectan?

• Impuesto sobre sucesiones:

Plazo: 6 meses. Prorrogables

Sujeto pasivo: Herederos

• En Aragón el límite exento se encuentra en 500.000 euros por cada hijo heredero, sin embargo debe presentarse igualmente la autoliquidación en la DGA. También habrá una exención incompatible con la anterior del 99% hasta 200.000 euros, siempre que se trate de la vivienda habitual del causante. Se haya convivido 2 años y no se venda en otros 5 años.
• Sucesión de empresa familiar: En Aragón estará exento al 99% siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto de Patrimonio.
  • La actividad que desarrolle la entidad deberá ser empresarial o profesional. (No deberá tratarse de una sociedad patrimonial).
  • La participación del sujeto pasivo en el capital sea al menos del 5% computado o de forma individual y un mínimo del 20% para el conjunto familiar.
  • Ejercer funciones efectivas de dirección en la entidad, por parte de al menos una de las personas del grupo de parentesco y, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos.

La reducción estará condicionada a que el adquiriente mantenga las participaciones durante el plazo de los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.

• Liquidación de usufructo:

Debe liquidarlo el adquiriente del usufructo. Se liquidará el valor del usufructo desde el momento de su constitución. Disminuido por sus correspondientes reducciones que no se hubieran agotado y según el tipo medio establecido por la norma vigente en el momento de constitución del usufructo.

• Plusvalía municipal:

Plazo: 6 meses

Sujeto pasivo: Herederos

En el plazo de 6 meses hay que solicitar la liquidación del impuesto de la plusvalía en todos los ayuntamientos donde haya inmuebles que se hereden. En Zaragoza está exento al 99% la vivienda habitual. Máximo 18% sobre el valor catastral del suelo.

Una vez finalizan las obligaciones tributarias con las Administraciones Públicas debemos considerar los trámites de inscripción de los bienes adquiridos, principalmente nos encontramos:

• Inscripción catastral. Actúa a efectos fiscales, conviene no dejarla pasar de largo pues la información aportada a la Administración Tributaria debe ser veraz y estar correctamente informada.

• La inscripción en los Registros de la Propiedad no es obligatoria pero es preferible realizarla, considerando que tratamos con Bienes Inmuebles conviene inscribirlos de cara a seguridad frente a terceros.

Actualmente este despacho cuenta con un pequeño porcentaje de empresas inactivas. La inactivación de estas sociedades ha consistido en un proceso simple y sin coste para la empresa, en contraposición a la liquidación y disolución de la sociedad en donde se multiplican los trámites.

Esta situación nace de las siguientes motivaciones:

1. Se presume, de manera errónea, la inexistencia de riesgos añadidos, tal y como sería la falta de presentación de Cuentas Anuales o la exposición a la inspección tributaria durante cuatro años.
2. La disolución y liquidación conlleva un coste económico determinado, además del conflicto a la hora de valorar o ajustar en esta liquidación unos activos que pueden no existir actualmente.

En tanto no se produzca su cierre registral, las sociedades inactivas tienen varias obligaciones anuales:

• Presentación de modelos a Hacienda.
• Legalización de libros.
• Presentación de Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Con los recientes cambios normativos, parece definido dentro de las propuestas de la Agenda de Asuntos Económicos proceder a emitir la sanción correspondiente, por parte de la Administración tributaria por el incumplimiento de estas obligaciones.

Esta combinación de circunstancias nos sitúa en la obligación de transmitiros las siguientes alternativas de cara a afrontar esta situación:

1. Comenzar el proceso de liquidación de estas entidades.
2. Conocer el riesgo real asumido por el administrador a causa de:
   • La posible sanción cercana.
   • La responsabilidad del administrador considerada en los pronunciamientos de los tribunales, los cuales, a lo largo del tiempo, han establecido este incumplimiento como una causa de negligencia. Esto se traduce en la aplicación de la consiguiente responsabilidad personal de daños, incluso sobre el pago de deudas.
3. La obligación de comenzar a presentar las Cuentas Anuales, la Legalización de libros y el Impuesto sobre Sociedades.

En caso de que se opte por comenzar con el proceso de liquidación, se deben haber satisfecho las deudas de la sociedad:

• Pagos a la Administración: IVA, IRPF, Cuotas a la Seguridad Social, IS, IBI, plusvalías y otros impuestos locales.
• Pagos a acreedores: suministros, colaboradores profesionales, empleados, cualquier otro tipo de proveedor de productos o servicios con quien se tengan deudas pendientes.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración respecto a este proceso.

Las empresas o instituciones se sirven de los estados contables, informes financieros o de cuentas para dar a conocer a los usuarios la evolución y la situación de la empresa. Comúnmente estos informen recopilan y analizan información contable elaborada conforme a las normas que la regulan. Dentro de la sociedad moderna, tanto la Administración como los consumidores demandan un mayor volumen de información, concretamente relativa al destino y al uso que se da a la inversión de las empresas, en este ámbito de actuación, se regula el Estado de Información No Financiera.

La propia Ley 11/2018 que promueve este estado lo introduce en su preámbulo tal como sigue:

 “La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad … algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.”

Esto nos lleva a los encargados de generar esta información, bien como administradores de las empresas o bien como consultores de las propias empresas, a hacernos varias preguntas: ¿debemos presentarlo? ¿cuándo? ¿en qué plazo y a través de que medio? o la más importante ¿Qué debe contener este Estado de Información no Financiera? A estas preguntas vamos a intentar dar respuesta.

¿Qué contenido debe tener?

Se trata de un informe anual relativo a la sociedad que deberá contener una descripción detallada grupo empresarial. A continuación se hará referencia a la celebración de la junta y se mencionarán las políticas que se hubieran aprobado.

Este estado deberá elaborarse conforme a unos estándares normalizados. Hemos considerado oportuno estructurarlo en torno al GRI, por ser el mas común en este tipo de normativa. Dentro de este Estado de Información No Financiera deberá incluirse una referencia expresa al estándar que se está siguiendo y su índice de materias.

Si las hubiera, deberían referirse las siguientes políticas, resultados y riesgos vinculados a las cuestiones relativas a:

1. Modelo de negocio.

• Visión y estructura de la red comercial. Estructura de plantilla y referencia a las condiciones laborales de los mismos.
• Cumplimiento del buen gobierno y la Ley de Sociedades de Capital:
  • Se referirán las acciones dirigidas por la compañía hacia cumplir el buen gobierno, a continuación, pasarán a enumerarse.
• Riesgos de la compañía y modelo de gestión de los mismos (Abastecimiento, liquidez, regulación…).
• Políticas generales de cumplimiento de buen gobierno corporativo.

2. Análisis de materialidad de los asuntos relevantes identificados en el periodo

• Estableceremos un cuadrante que diferencie la relevancia de las operaciones y las prácticas usadas en el mismo.
• A continuación se muestra una propuesta razonable de ordenación de prioridades de materialidad

3. Cuestiones medioambientales: Efectos, procedimientos, aplicación de la precaución y garantías frente a estos riesgos.

• Economía circular, uso sostenible y biodiversidad.
• Cuestiones climáticas y de contaminación relativas a la sociedad.

4. Cuestiones relativas al personal:

• Número y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación
• Modalidades de contrato
• Remuneraciones medias por sexo, edad y clasificación del personal.
• Formación.
• Igualdad entre hombres y mujeres
• Empleados con discapacidad y accesibilidad
• Salud y seguridad: accidentes, contingencias.
• Dialogo social y organización del tiempo de trabajo.

5. Cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos.

6. Informe sobre la lucha contra la corrupción y soborno.

• Medidas adoptadas.
• Medidas específicas contra el blanqueo de capitales.

7. Compromisos de desarrollo sostenible de la empresa.

Lógicamente, toda esta información deberá adaptarse al tamaño, capacidad y actividad de la empresa.

¿Cómo y de qué manera debe presentarse?

Hemos considerado oportuno extraer la siguiente información de la Ley

1. Una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación de presentarlo si está incluida en el informe de gestión consolidado de la empresa dominante. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera.

• Deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión consolidado.

2. Se entenderá que una sociedad cumple con la obligación de elaborar el estado de información no financiera consolidado regulado en el apartado anterior si emite un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se indique de manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, se incluya la información que se exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. Y se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación.

Este informe se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de cinco años.

El día 3 de diciembre se aprobó en el congreso de los Diputados los Presupuestos de 2021. Esta aprobación supone la derogación de los Presupuestos de 2018, vigentes hasta el momento, y con los que estábamos operando hasta ahora. 

Pero, ¿Cómo nos afectan estos nuevos presupuestos?

Aunque están pendientes de aprobación por el senado, inicialmente es un texto definitivo y, por tanto conviene realizar una previsión efectiva de los principales puntos a tratar:

Una vez estén aprobados definitivamente entrarían en vigor el 1 de enero, cuando según lo previsto empezaremos a operar con ellos.